desentralizacion eductiva

 Descentralización educativa

. La descentralización de la administración educativa es un tópico por su reiteración,

que casi siempre suele asociarse a los frecuentes procesos de reforma. Este es un

hecho que cuenta con fáciles explicaciones; tanto si se analiza desde la pedagogía

comparada, como si se valora en términos de gestión o si se considera como una

necesidad política, la descentralización educacional no es un fenómeno reciente en

la región; en el pasado varios países han desconcentrado su autoridad central sin

llegar a una entrega real de la autoridad, en la cual el Ministerio Nacional otorga la

autonomía a una unidad subnacional.

La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y

sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el

equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la

población ha incluido entre los requisitos necesarios para hacer frente a algunos de

los desafíos que se presentan, por ejemplo, el volumen creciente de exigencias que

se plantean a los servicios públicos y las mayores expectativas del público acerca

de la calidad de los servicios. La descentralización permite a instituciones privadas

coadyuvar en la realización de diferentes actividades que pertenecen al órgano

administrativo, se podría decir de manera general que un beneficio de la

descentralización es que las instituciones privadas cuentan con su propia autonomía

y no dependen del gobierno federal propone también con el fin de reforzar la

democracia, aproximando el nivel de toma de decisiones a quienes se ven más

afectados por las medidas gubernamentales. Busca un sistema más participativo,

alcanzar una más estrecha vinculación entre sistema educativo y productivo,

pretender mayor rigor en la gestión pública y, sobre todo, conseguir un sistema que

sea más ágil, eficaz y eficiente, es decir, lograr el mayor nivel posible en la calidad

de la educación. Junto con lo anterior, normalmente se ha sido consciente de que

la descentralización tiene sus aspectos críticos: genera un importante incremento

del gasto público y, cuando esto no ocurre, es porque a través de ella se encubren

políticas de privatización o de merma en este servicio público y, en segundo lugar,

hay quienes defienden que con ella existe el riesgo de que la gestión de lo público

pierda objetividad por la excesiva acomodación a los intereses próximos y la

cercanía de la presión de los administrados. Volviendo a los objetivos, en esta

ocasión nos centraremos solamente en uno de ellos, la búsqueda de la calidad,

puesto que por si solo puede justificar el enorme esfuerzo organizativo y gerencial

que supone un proceso descentralizador. Por ello nos detendremos brevemente en

la definición de este concepto haciéndolo, al igual que lo han hecho recientemente

Organismos Internacionales como son la Ocde y la Unesco, asociado al de equidad;

por ser un requisito indisociable de él y un concepto que supera al más simple de

igualdad. Para que un sistema educativo responda a estos criterios de calidad y

equidad debe cumplir las siguientes exigencias (Marchesi, A 1998): igualdad de

oportunidades, es decir, la completa supresión de discriminaciones previas.

Igualdad en el acceso a la educación: haciendo reales las posibilidades abiertas por

la anterior exigencia, eliminando las formas explícitas o encubiertas de selección de

alumnos. Igualdad de tratamiento educativo: lo que se hace efectivo más fácilmente

con sistemas comprensivos y un completo servicio y equipamiento educativo igual

para todos. Igualdad en los resultados: lo que no puede ser identificado con ninguna

forma de igualitarismo académico, ya que esto sería un planteamiento iluso e

injusto, sino que es evitar que los resultados de cualquier alumno puedan estar

condicionados por diferencias o desigualdades: de sexo, sociales, raza o cultura.